Una acción pública que oriente el tránsito de la economía informal a la formal



En el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Costa Rica se llamó la atención sobre uno de los principales problemas que enfrenta nuestra economía: la informalidad. No es la primera vez, ni es un problema reciente generado por la crisis pandémica. Meses atrás la OECD había indicado que la informalidad constituía uno de los retos importantes que afectaban la competitividad del país.


No hay duda de que el impacto de la informalidad es un problema de política pública al que no hemos atendido como país de forma integral y articulada. En su comprensión se requiere un análisis que refleje dos dimensiones, la informalidad en el empleo y la informalidad en las empresas.


En el primer caso, hoy sabemos, de acuerdo con datos del INEC, que existen más de 600 mil costarricenses que aún teniendo un empleo se encuentran dentro de la informalidad representando esto el 31,8% del total de ocupados en el país. Esta condición no es exclusiva de las personas que son empleadas en el segmento de las micro y pequeñas empresas, conocemos de acuerdo con diferentes estudios, que el problema de la informalidad en el empleo también es una realidad en unidades productivas de mayor tamaño.


Al considerar la informalidad de las empresas, aún cuando no se ha tenido un criterio común, se han realizado estimaciones de que la informalidad de nuestro parque empresarial podría rondar entre el 50 y el 60% de las unidades productivas. Esta condición ha sido relevante en la atención de la crisis, de manera especial para las micro y pequeñas empresas que estando en condiciones de informalidad no encontraron una respuesta a sus necesidades para mantenerse a flote en el nuevo comportamiento del mercado.


Sabemos hoy además, de acuerdo con datos del INEC para el año 2020, que para comprender el nivel de informalidad de manera especial en las microempresas de los hogares “el 49,2 % no están inscritas en ninguna instancia pública, el 64,7 % no tienen ningún tipo de contabilidad (régimen tradicional o de régimen simplificado), el 69,4 % no cuentan con factura timbrada ni factura electrónica, el 67,7 % de los negocios no cuenta con local, el 74,6 % no usa productos financieros para el negocio y el 63,3 % no cuenta con seguro social para la persona dueña de la actividad económica”.


Así mismo, un informe del Ministerio de Hacienda elaborado en el año 2019, estimaba que el impacto en los ingresos que el Estado tenía por no percibir recursos del impuesto sobre la renta por parte del sector informal representaba poco más de 50 mil millones de colones que correspondían a un 0.15% del Producto Interno Bruto en el año 2018.

Sin duda, se requieren acciones para resolver este problema público. La pregunta importante es, ¿cómo hacerlo?: mediante la vía del castigo y de la imposición, o la vía del incentivo y el estímulo para la formalización.


El estudio de la OCDE sobre el “Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017”, indicaba que en el país la tasa impositiva de la nómina de seguro social total es de 36.5%, muy por encima del promedio de la OCDE (27.2%). Las cargas patronales son especialmente altas (26.33%) haciendo que los costos laborales no salariales en Costa Rica sean más altos que la mayoría de los países de la OCDE y casi 9 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE.

En el ll Estudio “Sobre el impacto del COVID-19 en las PYMES” realizado por CELIEM, se logró identificar que alrededor del 30% de las PYMES no se encontraban formalizadas con la Caja Costarricense de Seguro Social, a pesar de haber tomado una muestra de empresas que cuentan